La segmentación, el puntero y el rayo láser.

 No pasa mucho tiempo para que el lobby de las empresas energéticas haga sentir nuevamente el eterno reclamo de aumento. Según el momento histórico toma diversas formas. Hoy se esgrime por ejemplo que parte del acuerdo con el FMI implicaba un aumento de tarifas. En el Macrismo, el argumento fue que el atraso tarifario generaba des inversión y un sinfín de calamidades y los aumentos (sin intervención del FMI, llegaron en porcentajes escandalosos sin que al final del periodo se haya modificado en lo mas mínimo el entramado de generación y distribución de energía). Pero ya durante los gobiernos de Cristina Kirchner – y sin participación del FMI– se planteaba la necesidad de adecuar las tarifas a los costos de la energía. Se hablaba de atraso tarifario, de los precios internacionales de la energía y por supuesto del subsidio estatal que debería, o bien satisfacer la demanda de aumento de las empresas manteniendo un precio razonable para el consumidor, o bien retirarse de la escena dejando a los consumidores a merced de la usura de las empresas. Estás empresas, convendría recordar, no sólo no son responsables de que exista energía, sino que tampoco fueron partícipes de las inversiones más importantes para la generación de energía y su distribución.

Llegamos así a un argumento que se empezó a instalar en el gobierno de Cristina Kirchner. Se empezó a plantear la posibilidad de segmentar el esquema tarifario. Con cierta culpa sobre el concepto de subsidio, aplicado de manera caprichosa, se buscaba limitarlo. El argumento se podría definir de la siguiente manera. Se asume primeramente que la energía no puede ser barata ( y las empresas tienen razón en querer cobrar lo que se les ocurra, sin importar la naturaleza y participación del estado en la generación de energía), luego se advierte la necesidad de resguardar a algunos sectores de ese alto costo de la energía. Así, se abre la puerta para los aumentos pero al mismo tiempo se propone que quien no pueda pagar "lo que la energía vale" tendría un subsidio estatal que se traduciría en un aumento menor.

La lógica del puntero político.

Durante la década del noventa, al paso de la destrucción industrial y la caída no registrada de las condiciones de vida de gran parte de la población, surgió un figura política que actuaba sobre la emergencia. El puntero político era entonces un actor específico dedicado a la contención social en territorios marginales. Con recursos reducidos de orígenes poco claros, el puntero se encarga de sobrellevar una situación conflictiva creando al mismo el sustento político para la acción. Estos recursos pueden dividirse en dos grandes líneas, la provisión directa de alimentos por lado y la asignación de planes sociales. Los planes sociales formaron parte central de la estrategia de contención social del gobierno menemista (una lista de programas de ayuda empieza a iniciarse durante el gobierno menemista y sigue hasta hoy variando sus lógicas de implementación, el plan trabajar el plan vida, y diversos variantes provinciales formaban una batería de herramientas de asistencia social, centralizadas en la organización municipal), su lógica de asignación era confusa y ambigua, requería de un relevamiento de la población asistida, de hecho la disputa por los planes sociales se ha basado en la realización y posterior cuestionamiento de los censos de población necesitada. 

El Puntero, serie de televisión.

La lógica del puntero es clara, se trata de la asignación de recursos escasos. Y esa asignación tenía dos fines entrelazados. Por un lado debían sostener la operación política de contención social y ser asignados para la misma contención social. En otras palabras, el puntero le daba plata (a través de planes) a sujetos necesitados para que puedan sobrevivir y también daba plata a otros sujetos, igual de necesitados, pero que cumplían una función política y operativa sobre la acción de la contención social misma. El que cocina en el comedor comunitario es también parte de la población asistida.

Pero, se ha dicho ya, estos recursos con los que contaba el puntero eran escasos y nunca alcanzaban para cumplir la función que se esperaba de ellos. Por tanto el puntero estaba obligado a realizar una asignación inteligente, debía dar al que más necesitaba y ayudar de manera indirecta al que podía sobrevivir sin el plan. Cómo saber quién es quién, es parte del conocimiento específico del puntero. Conocer el territorio y los sujetos del territorio le permitía llevar adelante una intervención exitosa en los términos de la contención buscada. Dejaremos para otro momento un análisis sobre el eufemismo de la contraprestación del plan.

El puntero y el clientelismo

Uno de los aspectos que el puntero debe resolver para realizar su tarea, no es otra cosa que conseguir sujetos para actividad de contención. Se trata de lo que observamos antes como sustento político y operativo de la acción. El puntero seleccionaba en la población necesitada sujetos que puedan ser parte de la asistencia social. Estos sujetos quedaban de algún modo coaccionados políticamente por el puntero ya que su sustento estaba de algún modo atado a su "militancia". A esta coacción, la bibliografía ha denominado clientelismo político.

El puntero hay que observar es un actor de una coyuntura específica, existe porque se retiró el estado, porque el estado ya no puede garantizar derechos y actúa sobre el desastre con las herramientas de la emergencia y el caos. Los recursos con que dispone son igual de imprevisibles como el territorio sobre el que actúa. Puede que el mes que viene tenga más dinero o puede que tenga menos, y la distribución que hará de los recursos dependerá de las variaciones en el territorio y de las variaciones de sus recursos (la cantidad finita de planes que podía distribuir estaba también bajo riego de su suspensión arbitraria por parte del estado nacional. Y como esto formaba parte de un esquema muy ambiguo hasta uno podría sospechar en qué punto la interrupción de un plan era decisión del estado o del mismo puntero). Nadie tiene derecho a nada, se trata de sobrellevar la emergencia. El lado oscuro de esto es que la asignación de los recursos implica por un lado la propia subsistencia del puntero, que a esta altura debemos advertir que también formaba parte de la población asistida, el puntero, era tan pobre como los pobres a los que ayudaba. Y por otro lado en el éxito de su acción de asistencia y los recursos que recibía, estaba también su carrera política y sus recursos personales. Existía también la posibilidad de apropiarse para sí una parte de los recursos recibidos.

Esos recursos escasos no se distribuían sin criterio, la oscuridad y subjetividad de las decisiones de estos actores no las exime de lógica ni las enmarcan en universos de caprichos. En el peor de los casos, la usura personal y la ambición política competían con una asignación correcta, pero en el mejor de los casos la asignación correcta formaba parte de un esquema de emergencia, confuso, inestable y que principalmente no construye derechos. Porque el sujeto beneficiado sólo lo era ocasionalmente y en virtud de un padecimiento circunstancial que incluso manteniéndose en el tiempo no le garantizada la permanencia del beneficio. Y aquí está lo fundamental de todo este análisis, el puntero es un actor de una sociedad aniquilada, que ya no se reproduce a sí misma.

Toda la biografiaría que abunda sobre la asistencia social y aquellos años de crisis se ha topado con esta figura, asociándola directamente al concepto del clientelismo y la mala política. Se habla de la “red Punteril” (Svampa 2003) y se la asocia directamente al partido peronista, se advierte que la ejecución de la asistencia se hacía desde la “estructura clientelar” peronista a través de los municipios, siendo la provincia de Buenos Aires, el principal territorio de estudio. Curiosamente Svampa no hace mención a que los gobiernos municipales eran de signo peronista, y los municipios son instituciones democráticas cuyos integrantes fueron elegidos por elecciones democráticas. Es decir lo que Svampa llama red punteril peronista no es otra cosa que el brazo del estado municipal, informalizado durante las transformaciones neoliberales del gobierno menemista.

Una puja posterior, descrita en el libro de Svampa (“Entre La ruta y el Barrio”) se expresara cuando las organizaciones de desocupados y organizaciones piqueteras, más grupos de ONG (que se llamarán luego movimientos sociales) disputarán a instituciones municipales y sus actores informales (los punteros) el control y la asignación de los recursos de asistencia (es decir, lo planes). Los criterios de asignación de los planes no serán muy distintos a las lógicas del puntero, aunque para Svampa resulten novedosos. Dice Svampa: “las organizaciones de desocupados fueron introduciendo una lógica de acción directa que implicaba un trato “cara a cara” con los municipios, al tiempo que iban legitimando nuevos criterios de selección y distribución de los planes, estrechamente vinculados a la participación en las acciones de lucha” (2001:94) en otra palabras para obtener la asistencia no alcanzaba con necesitarla, había que participar del movimiento político (en este caso, el movimiento social) que asignaba el plan. Cuando eso lo hace un peronista es clientelismo, cuando lo hace una ONG es una nueva forma de política.

Svampa observa que en el tránsito entre la “red punteril” y los movimientos sociales, se produce un desplazamiento simbólico, los “planes” pasan a llamarse “puestos” (cuando en rigor siguen siendo asignaciones monetarias con contraprestaciones dudosas) y se produce una lógica de lucha, que implica un reposicionamiento del invididuo, que ahora no recibe el plan (el puesto) sino que lucha por él. “los planes ya no son “dados” por el gobierno sino “arrancados” por la lucha y, más aún, mantenidos a fuerza de presiones y cortes de ruta”. (2001:95)

El rayo láser

Irónicamente, cuando se propone la segmentación tarifaria se está proponiendo la lógica del puntero. Se dice entonces "estamos subsidiando a las clases altas". El siguiente enunciado es "vamos a ayudar (darle plata) al que más lo necesita"--Lo cual es un eufemismo, porque la plata en realidad se dan a las empresas de energía– Aquí se admite que los recursos asignados como subsidios de energía son escasos y no alcanzan para garantizar el precio de la energía que necesita la sociedad. Entonces emerge la lógica del puntero; una intervención de emergencia, con decisiones rápidas, plenas de criterios cruzados que permiten darle asistencia al que más la necesita y nada o una ayuda indirecta al que puede pagar. Los criterios variables de asignación se darían ahora en el cruzamiento de datos informáticos, que según criterios de clasificación y ciertos requisitos personales arrojaría un universo de personas objeto de asistencia, algo así como un puntero láser de necesitados. La ayuda llegaría, como un rayo láser, exclusivamente al más necesitado (y a nadie más, no sea, que se nos vaya a caer un derecho donde no se necesita). Porque como los recursos son escasos hay que despejar, de entre los argentinos, aquellos a quienes deberemos ayudar y a quienes no. Las operaciones de análisis y criterios de asistencia que se realizaban en la cabeza del puntero ahora se hacen en una supercomputadora, pero con un enorme sesgo. Es que para llevar a cabo la tarea de discriminar argentinos, la computadora debe conocer el territorio, y no es claro que el mero cruce de datos fiscales y patrimoniales permita conocer el territorio.

Problemas de registro.

Nuestro país adolece de un relevo correcto de sus ciudadanos. Se estima por ejemplo que un cerca del 40 por ciento de la población tiene un trabajo informal. Con lo cual todos los datos fiscales tienen al menos un 40% de margen de error. Del mismo modo, se sabe que todos los bienes registrables se registran por debajo de su valor de mercado, a lo cual se debe agregar la tradicional costumbre devaluatoria de nuestros gobiernos de derecha que introduce sobre los bienes patrimoniales un enorme factor distorsivo. A su vez, los altísimos costos de transferencia y sucesión, genera que muchos bienes queden en una suerte de limbo hasta que se realice una operación de venta. En la cual, el conglomerado de abogados, escribanos e instituciones estatales cobrarán sus leoninos porcentajes (en el caso de los porcentajes privados, siempre dolarizados). En consecuencia, son comunes, prácticas de registro confusas en todos los niveles de la sociedad. Cualquier segmentación en base a datos patrimoniales de Afip podría arrojarnos por ejemplo que un multimillonario cuyos bienes están a nombre de una S.A. y figure como monotributista reciba el beneficio, mientras que un jubilado que cobra la mínima, cuyos hijos pusieron un automóvil a su nombre, o bien posea una casa producto de herencia familiares quede exento del beneficio.

Pero el principal problema de la “segmentación tarifaria” es que todo régimen de “asignación inteligente de recursos” (esa lógica del puntero), establecida por criterios variables, que se modifican según la circunstancia no produce derecho, no construye sociedad. Y peor aún, habilita comportamientos igual de variables y confusos por parte de los beneficiarios. Por ejemplo los criterios confusos de asignación de planes llevaba a que algunos beneficiarios si obtenían un trabajo se resistan a ser registrados, porque al estar registrado perdían la asistencia y luego no podían volver a obtenerla en el caso de perder el trabajo, en consecuencia terminaban trabajando en negro. O bien el aumento del salario disminuía el aporte de otros tipos asistencia (pensiones u asignaciones familiares) con lo cual algunos trabajadores debían cobrar alguna parte de su salario en negro si querían que no disminuyan sus ingresos totales. Los derechos si no son claros y transparentes, no son derechos. Si para tener un derecho hay que cumplir con 29 requisitos, que además van variando según las circunstancias, dudosamente podamos hablar de un derecho, sino más bien, de una asignación caprichosa y tramposa.

Desde una mirada global puede formar parte de una asignación inteligente de recursos, pero una sociedad se construye simultáneamente en todos los niveles, por eso el requisito de todo derecho es la transparencia y la unicidad. La verdadera discusión detrás de la segmentación tarifaría es si el estado asumirá la responsabilidad nacional de garantizar el derecho de la energía barata para todos los argentinos o le pagará el derecho a algunos. La energía es un recurso fundamental para todos los países industriales, y es también un recurso fundamental para mejorar las condiciones de vida de todos los individuos. Los países industriales llevan a cabo políticas muy agresivas para controlar sus costos. Estados Unidos por ejemplo, bombardea e invade países petroleros, China tiene bajo control estatal (y por tanto ajeno a las lógicas del mercado) todo el sistema de generación y distribución de energía (así como la salud y la producción de alimentos, y los recursos financieros). Acá apenas se nos ocurre subsidiar al que menos tiene para que un puñado de empresas de capital extranjero, sentadas sobre una caja registradora, tengan fabulosas ganancias con nuestra energía.